lunes, 20 de febrero de 2017

El pedido desesperado de una víctima de bullying antes del suicidio.




La juez ve indicios de acoso escolar a la menor que se suicidó en Murcia.



En la primera viñeta aparece tranquila. “Era una niña muy feliz”, escribió Lucía. En la siguiente reflejó las risas de mofa. Y los insultos: “¡Feas, gordas, tontas!”. Los padres de esta adolescente de 13 años encontraron el cómic en su habitación de la casa de Murcia después de que se suicidara el 10 de enero. Una juez ve indicios de acoso escolar, como ya denunció la familia. Y pide a su instituto que aporte la documentación original del protocolo que se siguió en el caso.

En una hoja, sin fecha y con muñecos esquemáticos, aparecen de su puño y letra todos los fantasmas que rodearon los últimos meses de vida de la joven Lucía García Menárguez, la estudiante brillante y reservada que siempre vestía de oscuro. Los “monstruos” que la perseguían, esos que ella contó a su familia que “la insultaban, le pegaban, le daban puñetazos, le clavaban lápices, en el autobús no querían sentarse con ella”, según explicaron a este periódico sus padres en el salón de su humilde vivienda de la pedanía murciana de Aljucer al día siguiente de su entierro.


Los “monstruos”, supuestamente, son dos chicos que viven cerca de su casa y con los que compartía clase desde el colegio. El instituto Ingeniero de la Cierva, en Patiño, les expulsó varios días después de que los padres de Lucía dieran la voz de alarma sobre el supuesto maltrato a su hija, alumna de la clase B de 1º de la ESO. Los responsables del centro no consideraron que fueran acosadores. Antes y después de su muerte, el centro ha defendido que la menor no sufrió bullying, sino un episodio puntual.

“Quiero que sea feliz”

El centro envió al menos dos informes a la policía, redactados tras su muerte, en los que recogen que se le hizo un test a los alumnos para detectar acoso que dio negativo en el caso de Lucía y que los dos menores admitieron que la habían insultado y manifestaron que le querían pedir perdón. “Quiero que sea feliz y que no me tenga miedo, lo siento”, dijo uno. En sus informes, añaden que las orientadoras le hicieron “varias entrevistas” a Lucía en las que le preguntaron “reiteradamente” si se sentía acosada y ella dijo que no y que los alumnos que designaron como tutores de apoyo para ella manifestaron “que se encontraba bien y que no se habían vuelto a meter con ella”.
Sus padres, que denuncian que el instituto no hizo el seguimiento adecuado del caso de su hija, pidieron el traslado de Lucía a un nuevo centro el pasado mayo, después de descubrir un diario de la chica en el que escribió que estaba harta de ser una marginada y de estar siempre sola. Cambió de instituto justo antes de acabar el curso pasado.
El Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional inició una investigación el día de la muerte. Tras un mes, se ha tomado declaración a 36 personas (20 adultos y 16 menores). Entre otros, a exprofesores y al equipo directivo del instituto en el que supuestamente sufrió el acoso, docentes del centro al que fue trasladada (el IES Licenciado Francisco Cascales, situado en el centro de Murcia), a sus amigas; a los supuestos agresores de la chica; a su madre, María Peligros Menárguez, y a su padre adoptivo, Joaquín García.
En la hoja del cómic, que la policía ha pedido incluir en la causa y que fue publicada en un reportaje sobre el caso de la revista Interviù, aparecen también dibujados el temor y la vergüenza por su cuerpo (“64 kilos, ¿ves? ¡Gorda!”, escribe en el folio junto al dibujo de una chica subida en el peso del baño). Su madre descubrió que iba acumulando los bocadillos de la merienda en la mochila escolar sin llegar a comérselos. En el cómic aparece un plato de comida tachado y la protagonista vomitando en el váter. Lucía estaba en un grupo de terapia con otros adolescentes por un intento previo de suicidio.
María Peligros, de 56 años, aún no ha vuelto a trabajar en el centro comercial en el que está empleada. Su marido, de 52 años, dobla turnos en su puesto de administrativo.

La jueza solicita también al centro la “documentación original” del protocolo iniciado para hacer el seguimiento de este asunto, que la policía ya pidió al instituto, además de la agenda de las orientadoras con anotaciones sobre el caso. La Consejería de Educación de la Comunidad de Murcia pidió a la inspección educativa que abriera una información reservada para conocer qué hicieron los diferentes centros educativos por los que pasó la menor para protegerla. La juez también ha solicitado esa documentación.El Juzgado de Instrucción 9 de Murcia ha decidido reabrir el caso tras el sobreseimiento provisional que decidió el día de la muerte de la menor. En el nuevo auto, fechado el 8 de febrero, subraya que la investigación policial busca determinar si “se realizaron completamente los protocolos que, establecidos normativamente por la Consejería de Educación, han de llevar a cabo los centros educativos sostenidos con fondos públicos”. La juez destaca que el instituto de Patiño, del que salió Lucía casi con el curso acabado, entregó documentos a la policía sobre la actuación que se abrió tras la denuncia de la familia en los que “no consta ni la fecha”. Asimismo, le reclama otros papeles, como el informe de medidas aplicadas a uno de los dos alumnos expedientados, un joven “de conducta muy disruptiva” criado por sus tíos y del que el padre acaba de recuperar la custodia tras salir de la cárcel, según los documentos aportados por el instituto a la causa.
A Lucía le gustaban los cómics y el manga. En el relato gráfico que dibujó en la hoja de un cuaderno, separado en viñetas, la protagonista de papel acaba cayendo de espaldas por un abismo. La Lucía de carne y hueso cayó también en uno que la empujó al suicidio tras las últimas vacaciones de Navidad.
'El suicidio de Lucía en Murcia, como el de Oriana en Paraná, Entre Ríos, Argentina y como el de tantos otros chicos en América Latina, Estados Unidos o España nos muestran que los estados nacionales, provinciales y municipales hacen poco y nada contra el bullying y únicamente las asociaciones de padres, las ONGs como Bullying Sin Fronteras y los propios afectados deben hacer frente, en la más absoluta soledad, al flagelo del bullying que ya es la epidemia del Siglo XXI', dijo Javier Miglino, Experto en Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Fundador de Bullying Sin Fronteras.

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